BOLETÍN DE PRENSA DE LA CONFERENCIA DEL GRUPO ALAMEDA, EL LUNES 10 DE ABRIL DE 2017.

DESORDEN EN LA DEMOCRACIA: REGLAS DÍSCOLAS GUBERNAMENTALES.

Entre 6 millones de empleos públicos, en más de 2446 municipios en el país, en los 31 Estados y un Distrito Federal, señalando nuestra territorialidad así en cuanto al acato supremo y necesariamente riguroso a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose anular toda intentona de sorprender a la inteligencia y a la normatividad respecto a instituir un estado denominado Ciudad de México, que representa además de un afán protagónico innecesario, un acto de desacato al Congreso de la Nación, dejando en  ambigüedad  e ilegalidad el asiento de los tres Poderes de la República, hay más de cien mil todopoderosos funcionarios que cobran mensualmente más de $40,000.00 (cuarenta mil pesos), y son algunos miles de empleos repartidos en presidencia, suprema corte y sus ministerios, y cámaras federal y estatal que devengan emolumentos superiores a los $130,000.00 (ciento treinta mil pesos), personas que en lo general vienen desempeñando diferentes cargos en la función pública por varios sexenios, arrastrando tanto algunas buenas competencias como a la vez carretillas plagadas de expedientes desprovistos de gloria alguna y en miles de casos de oprobio al pueblo. En la función pública de esos cien mil empleados estrellas, además, reciben, en su mayoría, bonos adicionales a la “lealtad institucional y al buen desempeño”, recae la responsabilidad del anarquismo reglamentario por lo general denunciado por la ciudadanía, que se enlaza al “impulso y proteccionismo” de la enorme cadena criminalística que impera en el país, y ante lentes de aumento, se magnifican los yerros en la administración pública al suscitarse desfalcos, peculado, nepotismo, persecución, ocultamiento de enriquecimientos, falsificación documental, tráfico de influencias, delitos de trata, secuestro, narcotráfico, homicidios, y esto ocurre en todas las instituciones del país en tantos semejantes.

La pobreza del pueblo ha obligado a buscar soluciones: la principal ha sido la migración allende la frontera norte, los Estados Unidos, donde por décadas los ahora tres millones de deportados en los últimos diez años, hicieron raíces por distintos sitios de la Unión Americana, alcanzando condiciones de bi-nacionalidad, y formando familias integradas por varias generaciones. El fruto del empleo allá se tradujo en la señalada década, a través de las remesas enviadas, en el segundo rubro de ingresos en México.

La organización “Deportados Unidos en Lucha”, comprendiendo el dilema de los connacionales, se ha sumado a la contienda de señalar candidatos independientes presidenciales, (LA YURA) reconociendo que la gran solución a la crisis se dará si en cada institución en el país, el poder de firma de sus titulares y encargados de las finanzas, se transfiere anualmente, en el contexto de un plan nacional sexenal para el desarrollo y progreso del pueblo mexicano, se exija como medida rotunda la no reelección, y surjan escuelas de riendas para la incorporación de expertos y juventud entendida.